ZALIA: más despilfarro ymás nombramientos a dedo
La prensa reveló el nombre elegido para un cargo antes de concluir el plazo de selección
Los anuncios de reducción del sector público realizados por el actual Gobierno socialista del Principado se han dado de bruces, a las primeras de cambio, con la realidad de sus acciones en ese campo. Una de ellas ha sido aumentar el gasto corriente en una de las muchas entidades que se nutren de las arcas autonómicas, la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) con la contratación de un nuevo cargo de alta dirección, un director gerente que en el momento actual resulta completamente innecesario y cuyo proceso de selección, además, ha estado envuelto en la sospecha.
Dentro de la maraña de empresas, fundaciones y entidades que componen el sector público regional asturiano, ZALIA es una sociedad claramente redundante, creada para gestionar suelo logístico, en colisión con las competencias de SOGEPSA y del IDEPA. El Gobierno de FORO, de hecho, había programado su reordenación para integrarse con esas dos entidades. El PSOE, por el contrario, vuelve a cargarla de personal inútil de alta dirección con contratos blindados, para realizar funciones que podrían desempeñar sobradamente los técnicos y directivos del Puerto del Musel y del Principado, como venían haciendo hasta ahora, sin coste adicional alguno.
Volver a incrementar gasto corriente en sociedades superfluas y redundantes como ZALIA es un retroceso intolerable, que envía una pésima señal al sector bancario sobre la irresponsable gestión de los intereses públicos en Asturias, en un momento en el que el Principado se encontraba ante la eventualidad (ya hecha realidad) de tener que pedir el rescate autonómico, sin que ni siquiera haya sido capaz de mantener una posición de fortaleza ante el Gobierno de la Nación siguiendo en las políticas de austeridad y reforma del sector público que inició FORO, antes que recortar en servicios esenciales como Sanidad, Educación o Bienestar Social.
Pero además, en el caso concreto del contrato de alta dirección para ZALIA, se dan otras circunstancias, cuando menos, sospechosas: el diario El Comercio publicó el nombre de la persona elegida para dicho cargo antes de que concluyese el plazo de la selección pública convocada por ZALIA para otorgarlo. El ‘agraciado’ con este puesto fue Miguel Díaz Abella, que hasta ese momento era jefe de marketing de SEDES. Un puesto clave en algunas operaciones tristemente célebres de la etapa de Vicente Álvarez Areces en el Principado, como la edición de los libros titulados Construyendo Asturias, una colosal campaña de propagandística vestida como iniciativa privada para evitar cumplir los preceptos de la Ley de Publicidad Institucional, pero entre cuya financiación privada ocupaban un lugar destacado los anuncios de la empresa constructora semipública.
A la escandalosa situación económica de la ZALIA se suma, además, la del Puerto de El Musel, que soporta una deuda millonaria de más de 500 millones de euros en préstamos, y que los actuales gestores quieren ocultar, cargando además contra FORO por una subida de tasas que depende del Estado y que está generada por los escandalosos sobrecostes de sus obras de ampliación.
Los ayuntamientos asturianos gobernados por FORO han presentado ante la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado los correspondientes escritos de sugerencias y observaciones a la documentación que inicia el trámite ambiental del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, en los que denuncian la ilegalidad de dicha tramitación, ya que la eliminación de residuos es una competencia municipal y la Consejería pretende modificar el sistema regional sobre esta materia, para tomar decisiones que van a suponer un importante crecimiento de las tarifas que pagan los ciudadanos, sin consultar con los ayuntamientos, a los que además provoca un impacto muy importante para su deuda y su financiación. La legislación establece que la consulta previa a los Ayuntamientos y demás entidades locales debe hacerse de forma anterior y preceptiva a la elaboración técnica de cualquier Plan o Programa, trámite que se ha obviado en el presente caso.
Esta flagrante ilegalidad es solamente uno más de los muchos aspectos turbios de la política seguida en este asunto por la Consejera Belén Fernández, que licitó el plan de residuos en agosto y con muy pocos días hábiles para presentar ofertas, adjudicándose finalmente el contrato a una empresa que realizó una baja temeraria.
La clave de este procedimiento es que lo que está haciendo Fernández es contratar, y pagar dos veces con el dinero de todos los asturianos, el mismo Plan de Residuos, que sirve únicamente para justificar la adjudicación de una incineradora de 300 millones de coste, que es la que los socialistas están comprometidos a construir. La consejera, que fue viceconsejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, ya adjudicó otro a la empresa Consulnima, en tres contratos menores que vinieron a suponer unos 70.000 euros, y que no se tramitó, lo que condujo a la anulación judicial del anterior contrato de la incineradora.
250 millones de pufo en sólo tres ‘chiringuitos’
La deuda de entes como ZALIA, SOGEPSA y Gijón al Norte muestra la necesidad de reducir el sector público
El agujero que las distintas entidades públicas dependientes del Principado, las conocidas comúnmente como ‘chiringuitos’, se acrecienta cada día que pasa. En la situación económica más apurada que ha vivido la Administración autonómica, necesitada del rescate del Fondo de Liquidez Autonómico para hacer frente a sus pagos, se encuentra con que sólo entre tres de las sociedades en las que tiene participación, ZALIA, SOGEPSA y Gijón al Norte, deben hacer frente al pago de casi 250 millones de euros antes de que finalice el presenta año.
Según ha revelado Oviedo Diario, estas deudas no fueron tenidas en cuenta por el Principado a la hora de redactar el plan de equilibrio económico y financiero, y tampoco en la Ley de Endeudamiento que ha logrado sacar adelante el Ejecutivo asturiano el pasado mes de julio se incluyó la deuda de los entes públicos del Principado.
El crédito de Sogepsa, superior a 80 millones y ya vencido, fue avalado por el Principado, informó el rotativo ovetense, que explicó que las operaciones urbanísticas llevadas a cabo en la última década, en las que se llegó a pagar el triple por parcelas que habrían sido expropiadas por menos dinero, han llevado a esta sociedad instrumental a una situación económica extrema. Por su parte, la ZALIA invirtió en la compra de los terrenos y la urbanización de la zona industrial 94 millones de euros, y solo ha logrado vender una parcela, por 600.000. El dinero del crédito sindicado se ha agotado antes de poder pagar los enganches de luz y agua o concluir los accesos programados, y tampoco ha sido posible renegociar su devolución. Solo entre ZALIA y Sogepsa, la deuda supera los 200 millones de euros.
Sobre Gijón al Norte, empresa participada en un 25% por el Principado, informó Oviedo Diario que del crédito de 36 millones con el que contaba al iniciarse el ejercicio, gastó 20. En marzo, solo diez días antes de que el préstamo expirase, trató de alargar los plazos de devolución negociando con las entidades financieras, pero solo ganó un poco más de tiempo, un año.
Propuesta de FORO
Situaciones económico-financieras como la que atraviesan las citadas sociedades son las que hacen urgente la reordenación del sector público autonómico. FORO tenía un plan diseñado para ello, que incluyó en su Programa Electoral al adelantarse los comicios autonómicos al pasado mes de marzo.
Los socialistas, en lugar de aprovechar el análisis y las auditorías llevadas a cabo por el Gobierno anterior, han estado perdiendo el tiempo y dilatando una y otra vez las medidas necesarias, que una vez más ha prometido Javier Fernández en el recientemente celebrado debate sobre el estado de la región.
En el mismo, el Grupo Parlamentario de FORO ha insistido, mediante una propuesta de resolución, en urgir al Ejecutivo a «reducir drásticamente el sector público autonómico, sobre la base de los principios de racionalidad, eficiencia y eficacia».
Los proveedores del Principado dudan de los datos de Carcedo
La consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo, se ufanó en una comparecencia en la Junta General de la reducción del tiempo que tarda el Gobierno autonómico en pagar a sus proveedores con relación a la etapa en que gobernaba FORO. Lo malo para la consejera es que los propios proveedores acogen con mucha desconfianza estas triunfalistas declaraciones, que, aseguran, no coinciden con los datos reales que ellos manejan.
Según Carcedo, desde el 14 de junio, fecha en la que fue aprobada la Ley de Endeudamiento para el pago a proveedores, a la actualidad, la media de pago a proveedores para el conjunto de la Administración y organismo públicos ha descendido en 9,66 días, consecuencia de la reducción del periodo de pago en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, que ha sido de 33,6 días. Concretó la consejera que a 1 de octubre, fecha de su comparecencia parlamentaria, el periodo medio de pago a proveedores es de 80,17 días en el caso de la Administración; 70,12 a los Organismos Autónomos y de 165,75 en el caso del SESPA.
Apenas un día después de este anuncio, la patronal del sector de la construcción, uno de los más importantes proveedores del Principado, evidenció su incredulidad con respecto a los datos ofrecidos por Carcedo. El director general de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Daniel García-Balbín, remitió a sus asociados una circular, cuyo contenido reveló Oviedo Diario, en la que, textualmente, les refiere que «desde la Consejería de Hacienda se afirma que el Principado está pagando en plazo, algo que choca frontalmente con las noticias que tenemos». Las cuentas, y los plazos de pago anunciados por la consejera el día anterior, no solo causaron una inmediata perplejidad en todo el sector de la construcción, también ‘dispararon’ el malestar de un buen número de contratistas y subcontratistas, que llamaron ‘indignados’ a la CAC para que la patronal «no se quedase callada y diese una urgente respuesta al Principado», según testimonio de un empresario de la construcción recogido por el citado rotativo.
El director general de la patronal asturiana de los constructores busca contraponer con cifras concretas el optimista anuncio de Carcedo, y para ello ha pedido a sus afiliados, en la circular referida, que «a fin de poder defender con datos los intereses de las empresas del sector, te ruego que nos informes de las deudas exigibles que el Principado mantiene con tu empresa, así como, en su caso, de la obra que tengas ejecutada y pendiente de contabilizar».
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